La crisis de la vivienda

Este verano, por casualidad, encontré una entrevista a Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, la mayor empresa inmobiliaria de España. Además de su afabilidad -siempre insiste en que esa cercanía que muestra se debe a que es de Badajoz y estudió en los jesuitas- y de lo extraordinaria que ha sido su biografía hasta convertirse en el CEO de una de las treinta y cinco empresas españolas más importantes, me pareció muy interesante su opinión acerca del mercado de la vivienda. 

Lo primero que señaló cuando el entrevistador le preguntó sobre este asunto es que su empresa no trabaja con vivienda, solo centros comerciales, oficinas, naves industriales para logística y, ahora, centros de datos. Y la causa de esta decisión es muy clara: el mercado de la vivienda es un mercado ideológicamente muy expuesto a la acción de los políticos y, por consiguiente, no se puede hacer negocio en un sector de la economía que está permanentemente expuesto a ocurrencias electoralistas. Pero no se contentó con ello, sino que explicó una anécdota que, debido al revuelo mediático que se ha formado en torno a Maricarmen, la anciana desahuciada en Madrid, creo que merece ser reproducida. Narraba Ismael Clemente que, cuando en cierta ocasión una alto cargo socialista le animó a inventir en vivienda para hacerlo un mercado "profesional", le contestó: no se ha profesionalizado el mercado de la vivienda porque habéis provocado en las empresas inmobiliarias el síndrome de la mujer maltratada; a base de pegarnos reveses, hemos interiorizado que en ese mercado solo se reciben golpes y, por eso, todos los que nos dedicamos seriamente al "real state" hemos salido huyendo. 

En aquel momento no terminé de comprender bien la metáfora, pero hoy ya lo he hecho. Los dos reales decretos que ha aprobado el Gobierno de España son una perfecta muestra del problema que señalaba Ismael Clemente. De la noche a la mañana, entre otras medidas, se han prohibido los desahucios de personas vulnerables hasta 2030 y se han prorrogado los contratos de arredamiento hasta 2028. De esta forma, se han cargado de un plumazo la escasa seguridad jurídica en el mercado inmobiliario de la vivienda, lo que, en buena lógica, va a agudizar el problema. ¿Quién va a querer arrendar su vivienda con unas medidas legislativas que han desequilibrado las relaciones arrendatario-arrendador de esta forma tan abrupta? Al final, quienes pagarán las consecuencias serán precisamente aquellos a los que -se supone- representan los depravados que han vuelto a acampar en la Puerta del Sol quince años después: las personas vulnerables. Nadie va a querer alquilar una casa a quien mínimamente pueda ser catalogado como "vulnerable", pues se expone al riesgo perder el completo dominio de su propiedad, cuando no la propiedad entera, habida cuenta del estado en las que las dejan una vez la "desokupas".

Con esto no estoy diciendo que no haya que intervenir públicamente en el mercado de la vivienda. Creo que no ha habido mejor ministro de Vivienda que José Luis Arrese, quien, siguiendo el lema "no queremos un país de proletarios sino de propietarios", llegó a construir, en un país de no más de treinta y tres millones de habitantes, doscientas mil viviendas anuales; entre ellas, por ejemplo, la que se crió mi padre. Esto, que seguramente sea interpretado como un enaltecimiento del Franquismo y, por tanto, pueda ser sancionado en virtud del art. 62 de la Ley de Memoria Democrática, es el único modo de hacer frente al problema de la vivienda en España. A mi juicio, la solución pasa por construir vivienda VPP, que es una fórmula de coolaboración público-privada bastante eficiente. El Estado pone el suelo y los promotores construyen las viviendas a precios que, aunque tasados, les permiten obtener beneficios.  Esto no es estatismo, sino políticas públicas de fomento en aras del bien común. 

P. D. Acabo de ver al portavoz del sindicato de inquilinas -no falla: ni una causa sin el género entrometido- decir que las VPP no son la solución, que hay que expropiar y limitar la tenencia de inmuebles. En realidad, no sé si verdaderamente desean solucionar el problema o enquistarlo más para poder seguir justificando su sempiterno activismo universitario.