LA IMPORTANCIA DE HACER APOLOGÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Cuando se conoció la noticia de la constitución de una asociación de hombres maltratados en la Comunidad Valenciana, no se hicieron esperar las reacciones por parte de las izquierdas en las que criticaban que el gobierno autonómico de PP y Vox no hubiera impedido su constitución. De hecho, ayer, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, entró a valorar la noticia y, ante la pregunta de si esta asociación es legal, contestó: "legalmente, no lo sé. Ética, moralmente y constitucionalmente, yo creo que no". Realmente, mientras estaba escuchándolo, no podía creer que una profesora de derecho constitucional hubiera dicho semejante barbaridad. ¿Desde cuándo la Constitución no es ley? ¿Puede haber algo legal inconstitucional? Es muy soprendente. 

Pero al margen de esta declaración, que quizá -aunque lo dudo- pudo hacerse por las prisas del momento, pues fue un canutazo en la entrada de un acto, sorprende el nulo interés que tenemos los españoles a la hora de defender la universalidad de los derechos fundamentales. El art. 22, que recoge el derecho de asociación, en su punto segundo señala que "[l]as asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales". En desarrollo de este precepto, el art. 38 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación únicamente prevé dos causas de disolución que no sean la mera voluntad de los socios: "Cuando tengan la condición de asociación ilícita, de acuerdo con las leyes penales" y "[p]or las causas previstas en leyes especiales o en esta ley, o cuando se declare nula o disuelta por aplicación de la legislación civil". Es decir, salvo casos muy excepcionales, y siempre que lo declare una resolución judicial, se podrá proceder a la discolución de una asociación. Desde luego, que se constituya una asociación de hombres maltratados para darse apoyo y asesoramiento, independientemente del número de socios o de la ideología que sustente la voluntad de asociarse, es claramente un ejercicio legitimo dle derecho de asociación y, como tal, debe ser protegido y promovido por parte de los poderes públicos, pues no hay que olvidar que los derechos fundamentales son el núcleo del bien común. Aquí radica la clave, a mi juicio, de la crisis constitucional actual: se ha dejado de creer en que los derechos fundamentales son un bien que deben tener la mayor vigencia posible, y, por ello, cuanto más se ejerzan legítimamente mejor. 

Algo similar ocurre con el derecho a la libertad religiosa. Para ilustrarlo expondré un ejemplo personal que me ocurió hace un mes. El miércoles 10 de abril me subí al autobús para ir a la universidad, y este venía con mucho retraso. El tráfico estaba colapsado a una hora que normalmente no lo suele estar, como son las ocho y cuarto de la mañana. Cuando me subí, el conductor me explicó que en un solar cerca de mi casa iba a celebrarse el rezo que pone fin al Ramadán. Este, por lo visto, es el rezo más importante y congrega a todos los musulmanes que viven en Elche y alrededores, lo que era la causa del estado del tráfico. Mientras avanzábamos se veían muchísimos hombres con chilabas y mujeres con velo que caminaban hacia el sitio concertado para el rezo. En el autobús, tanto el conductor como la gran mayoría de pasajeros se mostraban indignados con la escena y criticaban furibundamente que se haya producido este caos circulatorio como cosnecuencia de un rezo islámico. El conductor, con el que ya tengo confianza y sabe de mis posiciones conservadoras, pensó que estaba de acuerdo en estas críticas y me preguntó que qué opinaba de aquello. Sin embargo, mi respuesta le sorprendió: yo estaba muy de acuerdo con que se hubiera facilitado el rezo y, además, veía muy bien la escena. Ante su incredulidad, respondí: "están ejerciendo legítimamente su derecho a la libertad religiosa. Nosotros lo celebramos, por ejemplo, en Semana Santa o en Navidad. Es su derecho y hay que progerlos".  Le costó entenderlo, pero finalmente me dio la razón y me reconoció que, en realidad, su crítica había sido fruto de sus prejucios. 

Resulta imprescindible hacer apología de los derechos fundamentales, vindicando su presencia efectiva en la sociedad y predicando que su ejercicio legítimo nos enriquece como sociedad. Una sociedad que incentiva, respeta y protege el ejercicio de derechos fundamentales, aunque este en un momento dado suponga una molestia personal o no se participe de su ejercicio, constribuirá irremediablemente a fortalecer su salud.