DEMOCRACIA PLENA Y CGPJ

 

El flamante ministro, Félix Bolaños, hombre fuerte de Sánchez en la sombra y ahora a la luz, en unas declaraciones al albur de la reforma del CGPJ ha dicho, sin despeinarse y con esa voz engolada que parece un monje benedictino, que los jueces no pueden ser elegidos por los jueces, pues “no tiene cabida porque, en un Estado de derecho y una "democracia plena" como la española, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos". Estas declaraciones, en un país donde la democracia no fuera un vocablo sino una actitud, serían motivo de cese fulminante. No por totalitarias -que lo son-, sino por ignorante.

El analfabetismo del siglo XXI no consiste en no saber leer ni escribir, sino en ser incapaz de entender lo que se lee. Esta tesis es benévola con el ministro de Presidencia, pues si infiriéramos que lo dice con ánimo de mentir a la población, solo podríamos estar hablando de un necio. Y nuestro sujeto de tinte monacal no puede permitirse esos desmanes.

                                                                            FÉLIX BOLAÑOS // POOL

No han faltado, claro, terminales mediáticas saliendo en masa para alinearse con las tesis totalitarias de Félix. Ana Pardo de Vera, excelsa jurista que entre sus grandes aportaciones a la Ciencia Jurídica destaca la cita al Código Procesal Constitucional de Perú, ha afirmado que, según su interpretación (¡tiemblen!) del art. 544 CP, lo que Pablo Casado estaría haciendo al oponerse a la renovación sería constitutivo de un delito de sedición. Así. A pelo. Sin cortarse. Creo haber escuchado los lamentos de Martín Pallín y Pérez Royo ante tal adelantamiento en la autovía de la idiocia.

Otras justificaciones algo más elaboradas han señalado, siguiendo la corriente que alumbraron Felipe González y Alfonso Guerra cuando en 1985 cambiaron el sistema de elección del CGPJ en un afán controlador del Poder Judicial, que no puede haber poderes del estado soslayando la opinión pública. En tanto que el Legislativo y el Ejecutivo -este último de forma indirecta- son elegidos por el pueblo, que es el ostentador de la soberanía nacional, el Judicial debe ser también consecuencia del designio popular.

Esta última tesis es la que más enjundia tiene y, por tanto, la que más merece refutar. La materia prima con la que trabaja el Poder Judicial son las disposiciones normativas (generalmente, leyes y reglamentos). Las leyes se elaboran por el Poder Legislativo, pues ésa es su principal función; mientras que los reglamentos, disposiciones normativas de rango inferior a ley, son aprobados por el Ejecutivo. Por tanto, podríamos señalar que la materia prima con la que los jueces y magistrados trabajan, es decir, las herramientas de las que echan mano para ejercer su trabajo son provenientes de los otros poderes. Ergo, la sensibilidad social ya tiene su presencia en el Poder Judicial, pues está presente en la elaboración de las disposiciones normativas que son la base para el funcionamiento del mismo.

Asimismo, cabría preguntarnos cuál es el motivo para que los jueces deban tener sensibilidad social. En el ejercicio de a potestad jurisdiccional, que es la facultad para juzgar y ejecutar lo juzgado, el juez no debe tener sensibilidad social; muy al contrario, lo que el juez debe es juzgar en base a las leyes que delimitan los comportamientos y establecen sanciones. Nada más. La sensibilidad social, cuando se arguye, significa que alguien quiere saltarse la ley, y el recurso a tal sensibilidad le sirve de aderezo para que la fechoría le quede bonita.

¿Por qué, entonces, se pretende seguir con el sistema actual de elección de los miembros del CGPJ? Por una razón sencilla: quieren controlar el Poder Judicial. Quieren que el órgano gubernativo de los jueces esté formado por jueces que deban favores. Favores que serán pagados, bien con la acción, bien con la omisión.

Dijo Gallardón que quería acabar con el “obsceno espectáculo de que los políticos elijan a los jueces que luego juzgarán a esos políticos”. El espectáculo es obsceno, desde luego que lo es, pero él fue un ministro de Justicia más y dejó el desaguisado para otro.

En una intervención rescatada de Twitter, Pedro Sánchez, en La Sexta Noche, vino a decir que la politización de la justicia era un mal a erradicar, y que por supuesto si él gobernaba sería una de sus principales medidas. Le produciría insomnio, como la entrada de Pablo Iglesias, e hizo lo mismo que con él: dormir a pierna suelta cabalgando en la deshonra.

Otro circense espectáculo lo encontramos en las asociaciones judiciales, ahora convertidas en agencias de colocación. Concretamente, Jueces y Juezas para la Democracia, asociación afín al PSOE, lleva días bramando en Twitter con notas oficiales señalando los más de 1.000 días que el PP se niega a que el PSOE los coloque. Al menos son sinceros.

En definitiva, no parece que se vaya a volver a la cordura y al espíritu constitucional, que sí preveía una elección del CGPJ por los jueces. Tampoco que se vislumbra posibilidad alguna de que de una vez por todas los partidos, que en campaña prometen la despolitización de la Justicia, cumplan con sus promesas.

Por hacer un símil final: el Poder Judicial es como la rubia despampanante que acompañaba al exministro Ábalos la semana pasada; mientras que los partidos políticos son el propio José Luis, que no se resiste a la lujuria.